Subir los impuestos y cotizaciones sociales a las empresas es un despropósito que roza lo confiscatorio

Las subidas de impuestos y cotizaciones lastrarán el crecimiento económico, la competitividad de las empresas y la inversión extranjera en España

FEDETO viene advirtiendo desde hace más de un año, que los mensajes generalistas que hacen referencia a la recuperación económica no son acertados pues de ellos se derivan conclusiones absurdas tales como que procede subir los impuestos y las cotizaciones sociales a las empresas. El silogismo es sencillo: si la economía va bien los empresarios deben tributar más.

Pero quien hace este tipo de afirmaciones se olvida de que ni todos los sectores se han recuperado de la crisis ni todos los territorios están evolucionando de la misma forma.

En España la recaudación tributaria de las empresas en 2017 se ha acercado mucho a la existente en 2007 superando los niveles anteriores al inicio de la crisis. De hecho, la recaudación tributaria total para el año 2017 ha sido la segunda más alta de toda nuestra historia, sólo ligeramente (2.500 millones de euros) por debajo de la de 2007 que fue un año excepcional en cuanto a recaudación. Por su parte, la cifra prevista para 2018 se sitúa 9.400 millones de euros por encima de los niveles de 2007.

Cabe preguntarse si la situación empresarial en 2017 es la misma que en 2007 y la respuesta es que no. De hecho, del total de 1.138.000 empresas activas en 2017, se prevé que alrededor de un 59% tengan pérdidas.

Según Eurostat, la recaudación tributaria en España procedente de las empresas es considerablemente superior a la media europea. Y es cierto si tenemos en cuenta que los ingresos públicos que aportan las empresas respecto al total es en España del 30,4%, mientras que la media de la Eurozona es del 26,2%.

Según el informe “Paying Taxes” que PwC y el Banco Mundial elaboran anualmente, para el ejercicio 2016 en España las empresas soportan una carga tributaria con un tipo real del 46,9% sobre beneficios, frente a una media de la Unión Europea del 40,9%. Es decir, según este informe, que incluye el efecto de todos los impuestos que inciden sobre las sociedades, nuestra presión fiscal empresarial es 6 puntos porcentuales superior a la media de la UE.

Incrementar la recaudación aumentando los impuestos sobre las empresas es un error. Hacerlo con medidas denominadas de urgencia y a golpe de real Decreto ley es incompatible con la mínima seguridad jurídica exigible por cualquier inversor, nacional o extranjero. Y, además, lastrará la competitividad de las empresas españolas, frenará el crecimiento económico de España y, además, limitará la inversión extranjera en nuestro país.

Además, ya es frecuente que las previsiones de ingresos tributarios realizadas por el Ministerio de Hacienda se incumplan sistemáticamente. Así sucede desde el año 2008, con la única excepción del año 2010.

El problema de no cumplirse el presupuesto de ingresos es que rápidamente se acude a la adopción de nuevas medidas fiscales de urgencia, y modificaciones de normativa, muchas veces con carácter retroactivo.

La mayoría de las reformas tributarias, curiosamente, afectan al Impuesto sobre Sociedades que pagan las empresas. En concreto ha sufrido más de 60 modificaciones desde 2008, 12 de las cuales se han producido desde 2014.

En 2007, la recaudación del Impuesto de Sociedades marcó un récord histórico con 44.823 millones frente a un total de 23.143 millones en 2017. Parece que esto justifica la opinión de que hay que subir el impuesto, pero hay que tener en cuenta que, en pleno ciclo expansivo, nos referimos al año 2000, esa recaudación era de 17.207 millones. El ejercicio 2007 fue excepcional debido a los elevados ingresos de los sectores inmobiliario y financiero que provocaron un aumento de recaudación sin precedentes del Impuesto sobre Sociedades. Por tanto, no procede utilizar los datos de recaudación de forma interesada. Hay que analizarlos desde la realidad de la situación que se vive en cada momento. Y el actual no es precisamente bueno para subir este impuesto.

Y el verdadero problema es que son las empresas muy pequeñas, las que lo están pasando peor, a las que más les cuesta superar la crisis. De hecho, más del 50% de las empresas españolas todavía dan pérdidas al cierre de los sucesivos ejercicios. No procede en absoluto incrementar sus impuestos.

Porque elevar la carga que en relación al Impuesto sobre Sociedades soportan nuestras empresas sin reducir su presión fiscal total mediante la reducción de otros tributos, como las cotizaciones sociales a cargo del empleador, aparte de los efectos que antes hemos citado parece, cuando menos, que roza lo confiscatorio.

En 2017 las cotizaciones empresariales (sin tener en cuenta la parte pagada por los trabajadores), ascendieron a 93.643,86 millones de euros, es decir, se recaudó una cantidad considerablemente superior por este concepto que por IRPF (77.038 millones) o por IVA (67.797 millones).

La recaudación conjunta del Impuesto sobre Sociedades más las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social se situaron en 2017 en 116.786 millones de euros.

Según Eurostat, la recaudación que en España procede de las empresas es considerablemente superior a la media europea ya que los ingresos públicos que aportan las empresas respecto al total es del 30,4%, mientras que la media de la Eurozona es del 26,2%.

Pero si además de Impuesto sobre Sociedades y Cotizaciones Empresariales a la Seguridad Social sumamos el resto de impuestos, incluidos los autonómicos y locales, que pagan las empresas, la diferencia con la Eurozana resulta todavía mayor. Nos referimos, por ejemplo, a los impuestos medioambientales propios de las Comunidades Autónomas, cuya recaudación se situó en 1.967 millones de euros en 2015; el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), cuya recaudación esperada para 2018 en las capitales de provincia españolas asciende a 600 millones de euros, o el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO), cuya recaudación esperada para 2018 en las capitales de provincia asciende a 260 millones de euros.

Si sumamos todas estas figuras impositivas las empresas españolas soportan una carga tributaria con un tipo real del 46,9% sobre beneficios, frente a una media de la Unión Europea del 40,9% o dicho de otro modo nuestra presión fiscal empresarial es 6 puntos porcentuales superior a la media de la UE.

De este 46,9%, la mayor carga fiscal (35,6%) deriva de las cotizaciones sociales, seguido del Impuesto sobre Sociedades (10,6%) y de otros impuestos (0,7%). 21 países europeos como el Reino Unido (30,7%), Dinamarca (24,2%) o Noruega (37,5%) tienen una presión fiscal empresarial menor que la española, a pesar de contar con una recaudación superior por el concepto de Impuesto sobre Sociedades.

En conclusión, un análisis riguroso, obviando porcentajes y cifras que, por incompletas, no reflejan la realidad, nos demuestra que la presión fiscal empresarial española está al nivel, si no es más alta, que la media europea. Especialmente en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.

La conclusión es sencilla: no procede tocar al alza ninguno de los impuestos que afecta a las empresas. Lo que procede, en primer lugar, es ajustar bien las previsiones de ingresos, dejando de lado de una vez por todas las irrealidades, porque fallar en el cálculo de los ingresos implica mantener los gastos fijos del Estado que o bien se convierten en déficit o bien hay que cubrirlos mediante el incremento de la presión fiscal. En segundo término, hay que reducir el gasto público. No parece adecuado gastar más sobre la premisa de que se puede recaudar más. Al contrario, haciendo más eficiente la administración pública los gastos se reducen y por tanto es necesario recaudar menos. Y, finalmente, hay que luchar decididamente contra la economía sumergida, esa que actúa en paralelo a los censos fiscales y que por tanto, no pagan impuestos ni cotizan y que, sin embargo, compiten ilícitamente, con las empresas legalmente constituidas y censadas.