“CORONAVIRUS”
1 de abril 2020

 

“LEX INJUSTA NON EST LEX”
(Una ley injusta no es una ley)

LA INSENSIBILIDAD DEL GOBIERNO HACIA PYMES Y AUTÓNOMOS NO ES RAZONABLE, ES INJUSTA, INMORAL, PUEDE SER CONTRARIA A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL E INCONSTITUCIONAL

  • Si no se ejerce una actividad económica de forma directa, habitual y a título lucrativo, no son exigibles las cuotas de Seguridad Social ni siquiera por aplazamiento o moratoria
     

  • El Estado está obligado a exonerar de cuotas a pymes y Autónomos

El estado de alarma confiere una serie de poderes al Gobierno que no son ilimitados ni pueden ser contrarios a los principios generales del derecho. En base a esos poderes, se pueden limitar ciertos derechos de los ciudadanos, pero no se puede ir en contra de la ley.

No eximir de las cotizaciones a la Seguridad Social a los empresarios sin actividad económica podría ser inconstitucional y constituir un abuso de poder.

Para ser empresario conforme a nuestra constitución y a la ley de Seguridad Social se tienen que ostentar unos requisitos concretos y, una vez que se tienen esos requisitos nacen los derechos y obligaciones que le son inherentes. Si esos requisitos se pierden se deja de tener la condición de empresario, al menos desde el punto de vista de la Seguridad Social, y, por tanto, se pierden, también, sus derechos y obligaciones inherentes.

Para ser empresario y tener el derecho y la obligación de cotizar la ley exige ejercer una actividad económica de forma directa (personal), habitual (permanente en el tiempo) y a título lucrativo (a cambio de dinero). Si eso no se cumple, un empresario deja de estar incluido en el régimen especial de autónomos de la Seguridad Social.

Puestos en el caso de que se ostenten esos requisitos necesarios el empresario está obligado a sostenimiento de los gastos públicos, particularmente a mantener la Seguridad Social que hasta ahora, con sus defectos, era un sistema de recaudación que podíamos calificar, en términos constitucionales, de justo y no confiscatorio.

Pero ese sistema de Seguridad Social, ahora, el gobierno, por decreto, lo ha convertido en un sistema de recaudación de cuotas que es injusto y confiscatorio y, por ende, presuntamente, inconstitucional.

El Gobierno, sin modificar ninguno de los principios generales del derecho y, por tanto, sin modificar los requisitos exigibles para ser empresario se ha centrado en mantener vigentes sólo las obligaciones de pago de quiénes, por decreto, en realidad, no pueden ejercer su actividad ni de forma directa ni mucho menos habitual ni, por supuesto, a título lucrativo.

El Gobierno prohíbe el ejercicio de ciertas actividades y restringe la movilidad de personas, con lo que impide el ejercicio de casi todas las demás. Esto es justo, razonable y, por lo tanto, moral porque sirve a un fin clave, cual es, evitar la propagación de la pandemia.

Sin embargo, suprimidos, por decreto, los requisitos para ser empresario y, por lo tanto, sus derechos inherentes, el gobierno mantiene vigentes las obligaciones de cotizar y esto ya es injusto, irracional e moralmente execrable.

Una ley injusta no es ley. Y de las leyes que son injustas nace la desobediencia civil. No sería extraño que muchos empresarios, al ver que se rebasan todos los límites de lo que es justo, pudieran plantearse no cotizar mientras dure esta situación. No lo harán porque el derecho sancionador sigue vigente y este no es favorable al empresario. No cotizar de forma individual constituiría una infracción administrativa y no hacerlo colectivamente, podría ser delito.

Ahora bien, la Ley de Seguridad Social establece una fórmula clara para que lo pagado injustamente pueda ser retornado a su legítimo propietario. No fue pensada esta fórmula para actuaciones injustas como las que vivimos, pero es aplicable desde la lógica actual. Se trata del derecho a la devolución total del importe de los ingresos realizados indebidamente por los empresarios a la Seguridad Social.

Es por ello muy posible que los empresarios cumplan con sus obligaciones de cotizar, pero no es improbable que asistamos, en el futuro inmediato, a una masiva solicitud de devoluciones que pudieran colapsar a la Seguridad Social. Ésta, en principio, desestimaría esas solicitudes, pero dejará la puerta abierta a los empresarios para solicitar amparo judicial.
FEDETO asistirá a todas las empresas que puedan plantearse esta vía asesorándoles en todo lo que precisen. Puede que no nos den la razón, pero es razonable, justo y moral intentarlo. Los empresarios no están solos.

FEDETO insta una vez más al Gobierno a actuar de forma razonable y moral, dictando normas que se traduzcan en medidas justas para las empresas. Las posibles responsabilidades que podrían derivarse de no hacerlo podrían ser muy graves.