"Los empresarios sufren vía impuestos la deuda pública"

El presidente de Fedeto critica el exceso de gasto público y se muestra prudente con la situación económica


Fedeto ha celebrado la Asamblea General 2019, en la que se analiza la evolución de nuestra organización en el último año. Con los informes del secretario general analizando los contenidos de la Memoria anual. Se expusieron las actividades desarrolladas por los departamentos técnicos (Económico, Jurídico-Laboral, Formación y Administración), así como de las delegaciones de Talavera de la Reina, Illescas, Quintanar de la Orden y Madridejos.

El presidente de Fedeto, Ángel Nicolás García, intervino en la Asamblea General para analizar tanto la situación económico-laboral del país y su prolongación en la provincia de Toledo. A continuación puede acceder al texto íntegro de su intervención.




"Buenas tardes a todos y gracias por acudir un año más a la Asamblea General de FEDETO.

En los últimos tiempos asistimos a debates públicos en los que políticos y tertulianos analizan temas que nos afectan directamente.

Y está bien que conozcamos su opinión, pero creo que es esencial dar a conocer lo que piensan las empresas acerca de esos temas que le afectan tan directamente.

Y para comprender qué opinan y que es lo que quieren los empresarios, lo primero que hay que hacer es escucharles. En segundo lugar, hay que tratar de ponerse en su lugar. Y, por último, hay que intentar ver las cosas tal y como ellos las ven.

En FEDETO es lo hacemos desde hace más de 40 años y ello me permite hablaros con objetividad.

Todo el mundo se sorprende y nadie parece comprender por qué España, siendo el tercer país de Europa con mayor número de empresas es, sin embargo, el segundo país europeo que más paro tiene.

Y cuando esto pasa se busca una explicación, cuando no un culpable y, curiosamente, el empresario siempre está en el ojo del huracán porque no contrata o porque no sube los salarios.

Y la explicación es muy sencilla: el empresario no contrata más y mejor y no sube los salarios porque hay algo que le impide hacerlo. Hay algo que lastra su competitividad.

Para que comprendamos qué es ese algo que limita su competitividad conviene poner encima de la mesa tres datos económicos fundamentales (el gasto público, el déficit público y la deuda pública) que parece que no tienen nada que ver con lo que les pasa a las empresas, pero que en realidad son el origen de muchos de sus problemas, entre otros: las subidas de impuestos y de las cotizaciones a la SS y otras improvisaciones a las que me voy a referir.

Estamos inmersos en un círculo económico vicioso y diabólico en el que el gasto público genera déficit, el déficit se tapa con deuda pública y la deuda se paga con subidas de impuestos a los empresarios, restando competitividad a las empresas.


Y como de esta forma la economía no crece por sus cauces naturales, los de la inversión privada, se trata de mantenerla de forma artificial con más gasto público, más déficit, más deuda pública y más impuestos a las empresas.

El porcentaje medio que pagan las empresas españolas en impuestos sobre su resultado bruto, sumando los impuestos que proceden de la Hacienda Pública y de la Seguridad Social, asciende al 50%, mientras que la media de la Unión Europea es del 41,4% y la del resto del mundo es del 40,8%.

Esto es lo que hace que podamos decir, alto y claro, que el sistema tributario español aplicable a los empresarios es injusto porque roza lo confiscatorio.

Los impuestos se establecen en base a lo que el Estado desea recaudar no en base a los principios de justicia y de equidad que establece nuestra legislación tributaria.

Y no es legítimo que el Estado imponga el nivel de gasto público que desea, y menos si lo impone en base a unos objetivos meramente electorales, y que, como consecuencia de no poder pagarlo, obligue a las empresas a equilibrar las cuentas públicas subiéndoles los impuestos.

La Seguridad Social se han convertido en un verdadero impuesto sobre el empleo. De cada 100€ euros que gana un trabajador, 37,8€ la empresa los ingresa directamente en la Seguridad Social.

Y los trabajadores quieren ganar más, y es lícito, pero no saben que el principal obstáculo para subir los salarios es la Seguridad Social.

Esa Seguridad Social que también es un lastre para la creación y el mantenimiento de empresas. De los 125.300mll/€ que ingresa la Seguridad Social 93.600mll/€ los pagan las empresas (74%)

Y, ahora, además, han subido las bases máximas un 7%, los contratos inferiores a cinco días pasan a cotizar al 40% y nos obligan a cotizar por las prácticas no retribuidas.

Y es que la Seguridad Social se ha convertido en un lastre para el empleo y para la creación de empresas.

La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) organismo internacional que pretende coordinar las políticas económicas y sociales de distintos países, ha advertido a España de que sus altas cotizaciones a la Seguridad Social lastran la competitividad empresarial y el empleo y fomentan la economía sumergida.

Pero, por si esto fuera poco, se han subido las cotizaciones a los empresarios autónomos.

Y no acaba ahí la cosa. Se ha subido, también el Salario Mínimo Interprofesional. Y parece que no tiene importancia, pero la tiene.

Cuando se nos dice que sube el SMI, realmente, no comprendemos las consecuencias económicas que eso tiene.
Nos quedamos con que se trata de una medida social que tiene por objeto ayudar a los que menos ganan y no caemos en la cuenta de que es una falacia y un pretexto del Estado para poder subir automáticamente las bases mínimas de cotización de autónomos y pymes en el mismo porcentaje que sube el SMI.

Dicho de otro modo, cuando se nos ha dicho que el SMI ha subido un 22%, lo que realmente se nos ha dicho es que las bases de cotización suben un 22%.

Pero, además, subir el SMI distorsiona, entre otras cosas, la negociación colectiva. Si antes de la subida los sindicatos pedían unos incrementos salariales desproporcionados, ahora lo que piden es desorbitado. Y, claro, se corre el riesgo de que la negociación colectiva se rompa. Que no vengan luego a decirnos que es por nuestra culpa.


Después de todo lo que acabo de decir la conclusión lógica es que, contrariamente a lo que piensa el populismo, si se redujeran el gasto público, el déficit público y la deuda pública, se podrían bajar los impuestos a las empresas y las cotizaciones empresariales a las empresas y bajando los impuestos y las cotizaciones sociales se fomentaría su ahorro y su inversión.


Y con ahorro e inversión se ajustaría ese otro gran desequilibrio de la economía española que es el paro. Y no sólo se atajaría el problema del paro, también el de los salarios que podrían subir y con ellos el nivel de consumo interno.


Como sabéis hemos hecho propuestas a todos los partidos políticos que han concurrido a los distintos procesos electorales por los que hemos transitado recientemente. No las voy a repetir ahora.

Pero sí quiero deciros que, en alguna ocasión, se nos ha dicho que si se aplicaran esas medidas no se podría mantener el estado de bienestar.

Todos sabemos que parte del estado de bienestar lo hemos creado y pretendemos mantenerlo de formar artificial, a base de déficit y deuda. Y por eso ya no aceptamos la falacia de que hay que subir los impuestos y las cotizaciones sociales a las empresas porque es necesario para mantener el estado de bienestar.

Somos conscientes de que, si queremos mantener nuestro estado de bienestar, antes hay que corregir todos los desequilibrios económicos del Estado si no el estado de bienestar acabará quebrando íntegramente, como parece que puede quebrar el sistema de la Seguridad Social.

De hecho, el informe emitido por el Tribunal de Cuentas advierte que la SS perdió 100.000. millones de euros entre 2010 y 2017 y califica la situación de quiebra técnica.

A estas alturas, todos sabemos que detrás de las subidas de las cotizaciones a la Seguridad Social está el hecho de que no podemos pagar las pensiones.

Y no podemos pagar las pensiones porque las decisiones que se adoptan no responden a criterios de eficiencia económica del sistema sino a criterios puramente electorales y porque las pensiones se siguen empleando como arma arrojadiza electoral.

Por eso, hay déficit en la caja de la seguridad social y por eso el fondo de reservas cae una y otra vez.

El mismo Secretario de Estado de la Seguridad Social dijo textualmente en el mes de noviembre de 2018: “Por cada décima de desviación del IPC hay 128 millones más de gasto público en pensiones, el gobierno no tiene ni la forma ni el dinero para realizar el pago comprometido de subir las pensiones por encima del 1,6% que fijan los PGE y está rezando para que no se desvíe la inflación”

Y si todo esto representa un claro inconveniente para la competitividad de las empresas no sé qué queréis que os diga de las leyes, la burocracia y la inseguridad jurídica que soportan las empresas.

El ordenamiento jurídico español aplicable a los empresarios se ha convertido en un entramado legislativo que es excesivo, que es complejo y que es disperso.

Muchas veces, es incoherente con la realidad que pretende regular.

Y se ha convertido en un factor que distorsiona la competitividad de las empresas al establecer tantos trámites, procedimientos y cargas burocráticas que las empresas, a duras penas, pueden cumplir todo lo que se les exige y, para poder hacerlo, se ven obligadas a destinar ingentes recursos humanos, técnicos y económicos.

En muchas ocasiones se trata de normas improvisadas, irracionales, y técnicamente mal diseñadas, que regulan más acerca de los procedimientos de control administrativo a los que se les quiere someter a los empresarios que sobre aquello que dice constituye el objeto de su regulación.

Los empresarios demandan normas sencillas y seguridad jurídica, es decir, simplificar el ordenamiento jurídico y que no se cambien las reglas del juego cada dos por tres. Tan sencillo como esto. Y ¿con qué se encuentran? Precisamente con todo lo contrario.

Por si fueran pocos los problemas que tenemos los empresarios, ahora se nos impone, de la noche a la mañana, la obligación de registro horario. Una nueva regulación que está generando problemas de adaptación, dudas, inseguridad jurídica, burocratización y entorpecimiento de las relaciones laborales en las empresas.

Se trata de una medida arcaica y fiscalizadora que va en contra de los procesos de gestión de la pyme ya que impone un proceso de control de presencia que sólo genera recelo y rigidez.
Es una obligación formal desproporcionada que reduce la flexibilidad en las empresas y que también impacta en su competitividad.

Es una regulación que sólo responde a la consideración que se tiene, todavía hoy, de los empresarios por parte de los gobiernos y administraciones públicas: que somos unos defraudadores natos a los que hay que controlar, perseguir y sancionar.

Se nos dice que es una norma que procede de Europa, pero en Europa, el derecho laboral, protegiendo a los trabajadores, es una herramienta de competitividad empresarial.

En Europa no tienen, como aquí sí tenemos, normas que encorsetan al empresario, no dejándole margen para adoptar las decisiones que precisa su empresa.

En Europa no sólo tienen derechos adquiridos; apuestan también por las obligaciones. Y a derechos y obligaciones les dan la misma consideración jurídica y social.

Sus impuestos, los que afectan a las empresas, son más bajos en Europa que en España.

En Europa, el que la hace la paga, sea empresario o trabajador. Aquí solo paga el empresario. Y paga unas consecuencias que son muy caras.

Esta norma de registro horario, como otras que proceden de Europa, surgen de la manera en que lo hacen porque en Europa se regula exactamente igual para todos los países, pensando en un determinado estereotipo de empresa europea cuando, de hecho, existen notables hechos diferenciales entre las empresas de los distintos estados.

Y cuando se legisla pensando en un solo modelo de empresa, en un solo modelo cultural, en una determinada presión fiscal y en una determinada renta per cápita que no coinciden con los de España es evidente que no se está pensando en regular ni para Puente del Arzobispo ni para Malpica de Tajo ni para Torrijos, Madridejos o Villacañas.

Y así nos va.

Y ahora vemos que nuestra economía se desacelera.

Es cierto que, detrás de esta desaceleración, está la desaceleración de las economías europeas, pero también lo es que las medidas económicas, fiscales y laborales que se han adoptado y que se prevén adoptar no están ayudando demasiado.

De hecho, hasta hace poco, las tasas interanuales de inversión empresarial crecían entorno al 5%, pero es más que dudoso que continúen a ese ritmo después de todos los anuncios que se están haciendo en relación a la contratación laboral y a la modificación de la reforma laboral.

Y es que la incertidumbre que generan las medidas adoptadas, los anuncios improvisados y el desprestigio de nuestras instituciones que el populismo ha conseguido instalar en la conciencia social, son cánceres que hacen que España tenga una imagen de país caótico, imposible de gobernar y de dirigir en el sentido correcto. Una imagen de país que no genera confianza.

Y el dinero, se caracteriza por ser miedoso. Bueno, más que por ser miedoso se caracteriza por ser precavido y prudente. Y la precaución y la prudencia no casan con la falta de confianza.

Para recuperar la confianza perdida proponemos desterrar el populismo, recuperar la credibilidad de las instituciones y fomentar el diálogo social. O ponemos en valor nuestras instituciones y el diálogo social o pronto no tendremos nada que poner en valor.

Llevamos años diciendo que es necesario cambiar nuestro modelo productivo, pero el Estado no planifica la reindustrialización de España. Esa industria que en los años 70 era el 29% del PIB, en los 90 el 20% y actualmente el 16,4%.

Y lo que hemos conseguido es que el sector servicios represente el 60% de nuestro PIB, cuando lo que deberíamos haber hecho era apostar por la industria que, por su propia naturaleza productiva, es el sector que más empleo demanda y el que opera mejor como tractor de la economía.

Pero claro ¿cuántas trabas imponen nuestras Leyes a las empresas? ¿cuántas impone, por ejemplo, la legislación del suelo? y ¿cuál es la respuesta social que damos cuando una industria anuncia que quiere implantarse en uno de nuestros pueblos o ciudades?

El camino que hemos seguido en España olvidando la industria y propiciando un mayor peso del sector servicios en nuestra economía es equivocado.

En su día apostamos sólo por la construcción y fue un desastre. Que el sector servicios represente el 76% del empleo, es verdaderamente preocupante porque cada vez va a necesitar de menos trabajadores por la digitalización.

La situación económica es delicada. Crecemos menos de lo que se había previsto en términos de PIB. Ello responde, como ya he dicho, a la desaceleración de las principales economías europeas, de las que dependemos en mayor o menor medida.

El Brexit no ayuda precisamente y la tendencia proteccionista de EEUU tampoco.

Todo esto nos coloca ante una posible nueva crisis mundial que tendremos que intentar que nos afecte lo menos posible adoptando medidas que favorezcan la competitividad de las empresas españolas.

Nuestra región está creciendo más que la media. Podemos sentirnos orgullosos de la evolución del empleo y de nuestra capacidad para atraer inversiones.

No obstante, CLM, como el resto de regiones, podrá verse afectada por esa crisis global, si llegara a producirse, tal y como indican algunos economistas.

CLM es una región de oportunidades. Si las medidas nacionales y regionales que adopten el gobierno central y el regional tienden a favorecer a las empresas, estoy seguro de que las empresas responderán y seguirán creando riqueza y empleo.

Confiamos en la determinación del presidente García Page de fortalecer el diálogo social y de mantener el pacto con las organizaciones empresariales y los sindicatos.

Entre todos debemos hacer que nuestra economía sea competitiva.


Entre todos hay que resolver los problemas verdaderamente esenciales que tiene España, favoreciendo la inversión privada, incentivando la industria y eliminando el gasto público superfluo, la presión fiscal excesiva y la complejidad de la normativa y burocracia a las que están sometidas las empresas.

Por eso no es de recibo que tengamos que padecer, a nivel estatal, una nueva investidura que parece que corre el riesgo de eternizarse o de llevarnos a un nuevo proceso electoral.

Creo que es necesario que se modifique la legislación electoral y que se aplique, como en la mayor parte de los países desarrollados, el sistema de segunda vuelta. Así se acabaría con esta suerte de mercadeo que no nos permite tener un gobierno con rapidez.


Y no quiero terminar sin referirme a la plantilla de FEDETO. Están haciendo un gran trabajo.

Es de recibo agradecérselo.

A todos ellos les pido que sigan trabajando como lo hacen, para ayudar a las empresas a superar todas sus dificultades.

Y acabo. Os animo a seguir adelante. En FEDETO siempre encontraréis el aliado natural de la empresa.


Muchas gracias."