5 diciembre 2025

El anuncio del Gobierno de ampliar los permisos y modificar las adaptaciones y reducciones de jornada al margen del diálogo con los empresarios y continuar sus reuniones únicamente con los sindicatos evidencia una falta de voluntad real de construir acuerdos equilibrados.

La propuesta del Ministerio es inasumible porque traslada a las empresas costes y obligaciones propias de las políticas públicas de cuidados, que deberían ser asumidas por la Administración.

Además, el Ministerio no corrige las deficiencias arrastradas desde el Real Decreto-Ley 5/2023, cuya falta de concreción genera una notable inseguridad jurídica. Mantiene lagunas que han permitido un uso inadecuado de los permisos y han contribuido al incremento del absentismo: la falta de definición clara de quién se considera conviviente, cómo acreditar de manera objetiva las necesidades de cuidado, cómo evitar que varias personas disfruten simultáneamente de un permiso vinculado a un mismo familiar dependiente o la incertidumbre sobre la compatibilidad entre el permiso de duelo y los días ya previstos en los convenios colectivos.

El Ministerio sólo plantea ajustes al sector privado, sin aplicar esos mismos criterios al sector público, lo que es un desequilibrio y un ataque injustificado al tejido empresarial, con una clara motivación política. En definitiva, el Gobierno, de quien dependen las administraciones que pagan a los empleados público impone a las empresas lo que no está dispuesto a asumir para él.

Por eso, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez, ha afirmado que “la patronal debería explicar a los ciudadanos cómo se puede decir no a todo en aspectos tan sensibles”. Se explicamos muy fácilmente: primero, regular es muy sencillo cuando quien dicta las normas no asume ni uno solo de sus costes; segundo, quien no paga puede proponer cualquier cosa o decir sí a todo sin pestañear. Por último, es muy fácil invitar, pero pagando otro y que ese otro sea siempre el mismo, el empresario.

Quienes sostienen los gastos reales y la operativa diaria de las empresas no pueden ni deben cargar con más medidas electoralistas que ignoran por completo la realidad empresarial.

El tejido empresarial no puede seguir siendo exprimido como un limón cada vez que el Gobierno necesita anunciar nuevas medidas.
Las empresas ya soportan suficientes cargas, incertidumbres regulatorias y obligaciones unilaterales.
Llegados a este punto, resulta imprescindible poner freno. No se puede seguir legislando a costa exclusiva de quienes generan empleo y sostienen la economía real. Ya está bien.