Pide en la Asamblea General que no se suban impuestos y no haya «contra reforma» laboral
24 de junio 2021
Fedeto ha celebrado la Asamblea General del año 2020. Se trata del acto más relevante dentro de los órganos de nuestra organización empresarial, en la que se exponen los datos relacionados con la gestión internsa de los distintos departamentos de Fedeto. También se analiza la situación económica,laboral y social de la provincia de Toledo.
En su intervención ante los compromisarios de la Asamblea General, el presidente de Fedeto, Ángel Nicolás García, ha reclamado que se reduzca la carga fiscal, que no se apruebe una «contra reforma» laboral y que se establezca un «entorno seguro» para que pymes y autónomos puedan desarrollar su trabajo con autonomía y seguridad jurídica.
Esta ha sido la intervención completa del presidente de Fedeto.
«Estimados miembros de la Asamblea General de FEDETO:
El año 2020 nos ha puesto a prueba. Los contagios y fallecimientos provocados por la pandemia han superado todo lo imaginable.
Mis primeras palabras, son para recordar a todos aquellos cuya salud se ha visto afectada y cuyas vidas han resultado truncadas como consecuencia del Covid-19.
Durante todo el año 2020 el comportamiento de los empresarios ha sido excepcional. Con todo en contra y con muy poco a favor soportaron las consecuencias sanitarias de la pandemia y resistieron una situación económica extremadamente complicada y adversa.
Lamentablemente muchos no han podido resistir y se han visto abocados a cerrar sus negocios.
Los trabajadores de las empresas han mostrado un comportamiento ejemplar, tanto los que han afrontado la difícil situación de los ERTE, como los que han seguido en sus puestos de trabajo.
Tristemente muchos de ellos perdieron su empleo como consecuencia de la debacle económica.
En la última Asamblea General os dije que esta crisis sanitaria había sorprendido a España del mismo modo que al resto de países de nuestro entorno.
Y es cierto que, al principio, ningún país estaba preparado para luchar con éxito contra el Covid-19, ni para afrontar la difícil situación económica que implicaba el “parón en seco” de la actividad empresarial.
Aceptando que la pandemia llegó por sorpresa y de forma súbita, fuimos indulgentes con las acciones precipitadas que se adoptaron en los primeros meses de confinamiento.
Pero, también desde el principio, demandamos medidas adecuadas para que las empresas pudieran soportar la crisis económica derivada de la pandemia.
Sin embargo, por varios factores, España fue incapaz y lo sigue siendo a día de hoy de adoptar esas medidas. Nuestra economía no estaba, ni está saneada.
Esto resulta evidente si comparamos a España con otros países de nuestro entorno, cuyas economías gozaban de buena salud y que sí pudieron adoptar medidas eficaces para salvar a sus empresas y los puestos de trabajo dependientes de ellas.
Nuestra deuda pública, déficit público y gasto público crecieron de forma tan desproporcionada hasta 2020 que, cuando nos vimos sorprendidos por la depresión económica, España no tuvo recursos públicos, para sostener ni a las empresas ni al empleo, ni capacidad para diseñar estímulos empresariales.
Desde los primeros días de la pandemia, FEDETO fue consciente de que había que trabajar en una doble dirección: la búsqueda de una vacuna contra el virus y el diseño de una vacuna económica para lo que se nos venía encima.
El director del departamento de Administración, Eduardo Gallego, expone los datos de gestión interna de Fedeto.
La vacuna sanitaria ha tardado en llegar, la vacuna económica ni está ni, a estas alturas, se la espera.
Una vez más, la recuperación económica va a depender, como en 2008, sólo de cuatro factores: el apoyo de Europa, la capacidad de resistencia de las empresas, el apoyo de nuestros trabajadores y de habilidad que caracteriza a los españoles para adaptarnos a situaciones críticas.
En un escenario tan complejo, los empresarios que han superado la crisis lo han hecho con sus propios medios.
Los préstamos ICO no supusieron esfuerzo del presupuesto público. Fueron avales. Y las pymes y los autónomos no necesitaban préstamos. Necesitaban ayudas directas o, mejor dicho, indemnizaciones por la paralización de su actividad o por la obligación de tener que seguir ejerciéndola cuando el consumo había caído por los suelos.
Los ERTE fueron diseñados de modo perverso. Para poder acogerse a ellos las empresas debían asumir obligaciones, como la del mantenimiento del nivel de empleo, que se ha impuesto prórroga tras prórroga, mientras que las exenciones de la Seguridad Social se reducían una y otra vez.
Las prestaciones por cese de actividad, no han llegado a todos los autónomos y su cuantía ha quedado reducida a menos del Salario Mínimo Interprofesional.
Otros países de nuestro entorno establecieron, desde junio de 2020, unos sistemas de ERTE con vigencia hasta diciembre de 2021 y, además, sin modificar las exenciones a las empresas.
Esos otros países también diseñaron sistemas de financiación, pero, al mismo tiempo, establecieron sistemas de compensación de gastos para las empresas, mediante ayudas directas.
En España esas ayudas han llegado un año y medio tarde y se han diseñado muy mal.
Para empezar, se diseñaron empleando un sistema de selección de empresas basado en el CNAE que dejaba sin ayudas a muchos sectores empresariales.
Afortunadamente, esto en CLM se ha corregido, entre otras cosas, gracias al trabajo de FEDETO. Hoy, en nuestra región 200 sectores olvidados por el Estado son beneficiarios de las ayudas estatales.
Nadie entiende que las ayudas se diseñaran empleando ese sistema. Para FEDETO el único criterio que debió emplearse para conceder las ayudas debió de haber sido el de la caída de facturación.
Nadie entiende que sólo tengan derecho a esas ayudas las pymes y autónomos que actualmente tienen deudas “vivas” con sus proveedores, es decir, no abonadas.
Quienes hicieron sus pagos a tiempo, contribuyendo a evitar una escalada mayor de impagos han sido severamente castigados por ello excluyéndoles de las ayudas.
Nadie entiende que la cuantía de ayudas destinada a los autónomos que tributan en módulos sea sólo de 3.000€ ¿Acaso son empresarios de segunda? ¿Es que no han padecido la crisis con igual intensidad? En las Islas Canarias y Baleares esas cantidades para esos autónomos son superiores ¿Por qué en el resto de la península no?
FEDETO sigue trabajando, con todos los diputados del Congreso, para que se corrija esta situación. No sólo hemos presentado enmiendas a la norma que las regula, estamos en diálogo permanente con ellos y esperamos que tengan la sensibilidad necesaria para llevar a cabo las modificaciones que hemos propuesto.
No sólo quiero referirme a las ayudas económicas.
Durante 2020 y, también ahora, han sido necesarios otro tipo de estímulos para las empresas y estos no han llegado y, lamentablemente, tampoco se les espera.
Pongamos sólo dos ejemplos: los marcos regulatorios laboral y fiscal.
Durante el año 2020, y todavía hoy, se nos plantea rectificar la Reforma Laboral, pese a que Europa está diciendo que no y nuestras circunstancias no lo aconsejan.
Esa reforma laboral fue uno de los pilares básicos de la recuperación de las empresas en la crisis de 2008 ¿Cómo es posible que, ahora, cuando tenemos que salir de esta nueva crisis, se siga insistiendo en modificarla?
Se nos dice que hay que hacerlo porque perjudica a los trabajadores y esto es una falacia. Cuanto más se encorsete la regulación laboral más puestos de trabajo se van a perder.
En el marco fiscal, los Presupuestos Generales del Estado suben los impuestos a las empresas y al consumo. Además, hay una clara intención de subir las cotizaciones a la Seguridad Social, sobre todo al eslabón más débil de la cadena empresarial que son los autónomos.
Quienes promueven en España las subidas de impuestos y cotizaciones nos dicen que los impuestos empresariales españoles son más bajos que en el resto de los países de nuestro entorno.
Cuando afirman esto lo hacen de forma aislada, impuesto a impuesto. Nunca explican volumen global de la presión fiscal a la que están sometidas las empresas españolas.
Y la realidad nos muestra que el porcentaje medio que pagan las empresas españolas en impuestos, sobre su resultado bruto, si sumamos los impuestos que derivan de la Hacienda Pública y los que derivan de la Seguridad Social, que lamentablemente se ha convertido en un impuesto sobre el empleo, es del 50%. Una media muy superior a la de la Unión Europea que es del 41,4% y a la del resto del mundo, que es del 40,8%.
Y esto es lo que hace que podamos decir, alto y claro, que el sistema tributario español aplicable a los empresarios es injusto y confiscatorio y que lastra la competitividad de las empresas españolas.
Se ha convertido en un sistema que permite al Estado establecer los impuestos en base a lo “desea recaudar” y no en base a lo que “sería necesario” recaudar en función de nuestras circunstancias económicas.
El presidente de Fedeto, Ángel Nicolás García, en su intervénción ante la Asamblea General
Esta forma de actuar contradice los principios de justicia y equidad de nuestra legislación tributaria. Principios que no sólo se traducen en el hecho de que “quien más gana más impuestos tiene que pagar”. También significa que el Estado debe establecer impuestos justos y proporcionados al momento del ciclo económico en el que nos encontremos.
No es legítimo que el Estado imponga el nivel de gasto público que desea y luego, como consecuencia de que no puede pagarlo, obligue a las empresas a equilibrar las cuentas públicas subiéndoles los impuestos y las cotizaciones sociales.
Los empresarios tenemos un claro concepto social y estamos dispuestos a sostener el estado del bienestar, pero una cosa es sostener el estado del bienestar y otra muy distinta mantener el bienestar del Estado.
Si de verdad se pretende mantener el estado de bienestar en España, antes tenemos que corregir tres desequilibrios económicos: el gasto público, el déficit público y la deuda pública. Si no lo hacemos el estado de bienestar acabará quebrando, como, sin duda, puede acabar quebrando el sistema de la Seguridad Social porque no se adoptan las medidas necesarias para evitarlo.
Porque la Seguridad Social se ha convertido en un verdadero impuesto sobre el empleo:
De cada 100€ euros que gana un trabajador, 37,8€ la empresa los ingresa directamente en la Seguridad Social.
De los 125.300mll/€ que ingresa la Seguridad Social, el 74%, la friolera de 93.000mll/€ salen de las empresas de este país.
Sin embargo, se nos anuncian subidas de las bases de cotización máximas porque se nos dice que “quien más gana más tiene que cotizar”, pero se les olvida que quien paga el 35% de la cotización es el empresario, que no el trabajador que más gana, que paga un 4,7%.
Y, por si fuera poco, se propone subir la cotización de los empresarios autónomos. Se nos dice que van a cotizar por sus “ingresos reales”. La realidad de esa propuesta muestra que el 80% de los autónomos van a triplicar o cuadruplicar lo que pagan a la Seguridad Social.
Así no se fomenta la creación de empresas ni el mantenimiento del empleo. Hay que hacer justo lo contrario de lo que se está haciendo y proponiendo.
Otros países, promueven reformas laborales flexibles y han bajado los impuestos a las empresas porque quieren dotarlas de competitividad. En España se hace justo lo contrario.
Contrariamente a lo que piensan algunos, si se redujeran el gasto público, el déficit público y la deuda pública, se podrían bajar los impuestos y las cotizaciones a las empresas. De esa forma se fomentaría el ahorro y la inversión, se bajaría el paro y los salarios que podrían subir y con ellos el consumo.
Me he referido hasta ahora a las ayudas, al marco laboral y al marco fiscal. No quiero extenderme haciendo referencia a otros problemas que derivan de otros marcos regulatorios.
Simplemente quiero deciros que, durante 2020, el ordenamiento jurídico español aplicable a los empresarios se ha convertido en un entramado legislativo excesivo, complejo y disperso. En muchas ocasiones ha resultado incoherente con la realidad que pretendía regular.
Pero esto no ha sucedido sólo durante la pandemia. Ya antes el sistema legislativo español aplicable a los empresarios se había convertido en un verdadero factor distorsionador de la competitividad de las empresas.
Nos asfixian con trámites, procedimientos y cargas burocráticas. A duras penas, podemos cumplir con todo lo que se nos exige.
Por otra parte, algunas de las medidas adoptadas, los anuncios improvisados y el desprestigio de nuestras instituciones son “cánceres” que hacen que España tenga una imagen que no genera confianza en el exterior.
Debemos recuperar la credibilidad de las instituciones, hacerlas fuertes y fomentar el diálogo social. Si no lo hacemos pronto, en esa Europa a la que pertenecemos, no vamos a tener nada que poner en valor.
También quiero referirme a nuestra política energética, esa que ha provocado que los precios de la energía en España sean tan desproporcionados y abusivos que la han convertido en un auténtico lastre para la competitividad de las empresas españolas.
Por fin el gobierno baja la carga impositiva sobre la energía y ha anunciado hoy que baja el IVA al 10%. Pero el problema de fondo es que el 60% de lo que pagamos en nuestra factura no se corresponde con el suministro y consumo de energía de las empresas.
Desde hace años venimos demandando un pool energético adecuado a la demanda nacional de energía eléctrica para reducir nuestra dependencia del exterior. También que se saquen de nuestras facturas todos los cargos ajenos al consumo y al suministro y que se lleven a los Presupuestos Generales del Estado, de donde nunca debieron salir.
No puedo olvidarme de las empresas que prestan servicios para las administraciones públicas. En 2020 han tenido que soportar, otra vez, la morosidad pública y, además, cuando su actividad fue paralizada por decreto, los sistemas indemnizatorios no se han aplicado.
Resumiendo, los empresarios nos encontramos ante un futuro incierto y complicado.
Y para colmo, tenemos que soportar eufemismos de nuevo cuño como “nueva normalidad” o “empresas hibernadas”. Es evidente que quien utiliza estas expresiones vive completamente al margen de la realidad empresarial.
No hay tal “nueva normalidad”. Nos enfrentamos a una nueva crisis económica, una nueva anormalidad que estamos empezando a superar solos y que ha dejado en el camino a miles de empresas y cientos de miles de trabajadores.
Las empresas no estuvieron “hibernadas” en 2020, si lo hubieran estado, sus impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, así como sus gastos hubieran sido proporcionados a su reducción de ingresos. Pero no ha sido así.
La voracidad de la Hacienda Pública y de la Seguridad Social y el pago de los gastos fijos para mantener las empresas demuestran que esa “hibernación” no ha existido. Los gastos han superado, con mucho, los ingresos.
¿Por qué suceden estas cosas en España? Porque el gasto público, el déficit público y la deuda pública han dejado las cuentas públicas muy mermadas y se trata de cuadrarlas por la vía de los ingresos, es decir, por la vía de subir los impuestos y de crear nuevas figuras fiscales, cuando lo que debería hacerse es reducir los gastos públicos y bajar los impuestos.
Y no nos hemos cansado de repetir esto durante esta pandemia, pero los empresarios nos encontramos ante un grave problema: el diálogo con el gobierno de España es muy difícil. A veces se ha quebrado, casi, hasta romperse definitivamente.
Pese a que nuestras propuestas han sido serias, prudentes y responsables, el gobierno ha prestado oídos sordos.
En varias ocasiones se nos colocaba en la tesitura de aceptar lo que se nos imponía o la nada más absoluta.
En nuestra Comunidad Autónoma, ese diálogo social ha sido y es fluido y constante. Esto ha cristalizado en acuerdos importantes, que valoramos positivamente.
Para terminar, quiero referirme al escenario económico previsible, a corto, medio y largo plazo. Todos los indicadores parecen sugerir que la actividad económica empieza a mejorar.
La vacunación ya alcanza a una parte importante de la población y el consumo empieza a reactivarse.
El turismo puede recobrar fuerza este verano y tienen que llegar los fondos europeos.
El PIB podría crecer un 6,2% en 2021, un 5,8% en 2022 y en 2023 se moderaría al 1,8%.
Pero la incertidumbre es elevada. La recuperación depende de cómo evolucione la crisis sanitaria.
En el aspecto negativo, el paro rondará el 15,6%, muy por encima de la media europea, el gasto público sigue siendo desproporcionado, provocando que el déficit público alcance un 8,2% y que la deuda pública se haya disparado por encima del 120% del PIB.
Mis últimas palabras, como no, las destino a poner en valor el ingente trabajo que ha desarrollado FEDETO durante estos dificilísimos meses que vivimos en 2020 y que seguimos padeciendo en lo que llevamos de 2021.
Me enorgullece deciros que la plantilla ha trabajado muy por encima de lo que su deber les exige y siguen haciéndolo hoy de un modo excelente.
Es un honor contar con los profesionales que conforman la plantilla de FEDETO y es un orgullo y una satisfacción comprobar cómo han atendido a las empresas en todas sus demandas y necesidades.
A todo el personal de FEDETO, mi más sincera enhorabuena y gratitud.
Y a todos vosotros, compromisarios, y a todos los empresarios de nuestra provincia, os animo a seguir luchando. Contad con FEDETO para todo lo que necesitéis.»
Muchas gracias.