14 de julio 2026

La baja médica es una conquista social que debe protegerse frente a cualquier abuso. Por eso, el actual crecimiento del absentismo exige una respuesta coordinada de gobiernos, empresarios y sindicatos, ya que sus consecuencias no afectan solo a las empresas, sino también a los recursos públicos y a la sostenibilidad del Estado del bienestar.

Cada baja fraudulenta supone una prestación cobrada indebidamente, obliga a las empresas a reorganizar turnos, cubrir ausencias, asumir sustituciones y soportar pérdidas de productividad, y genera además un coste innecesario para el sistema sanitario y administrativo. Médicos, inspectores, mutuas, servicios públicos de salud y organismos gestores deben dedicar tiempo y recursos a tramitar, revisar y corregir procesos que no deberían mantenerse.

En 2025, el gasto público en prestaciones por incapacidad temporal alcanzó los 18.413 millones de euros, un 146 % más que en 2018, cuando fue de 7.485 millones. A esta cifra se añaden los 16.115 millones asumidos directamente por las empresas. En total, el coste supera los 34.500 millones de euros.

Esto no significa que todos los procesos de incapacidad temporal sean fraudulentos. Sin embargo, un crecimiento tan extraordinario obliga a analizar si una parte de ese aumento responde a bajas indebidas o insuficientemente controladas, ya que en 2025 el coste alcanzó los 34.528 millones de euros, un 97 % más que en 2020, cuando ascendía a 17.553 millones, y un 240 % más que en 2015, cuando se situaba en 10.146 millones.

La evolución del gasto público confirma esta misma tendencia. Según los datos de ejecución presupuestaria de la Seguridad Social, los 18.413 millones de euros destinados a prestaciones por incapacidad temporal en 2025 suponen un 55 % más que los 11.887 millones desembolsados en 2020, en plena pandemia. Frente a los 6.149 millones de 2015, el incremento acumulado alcanza el 199 %, por lo que esta partida prácticamente se ha triplicado en la última década.

En paralelo, el coste soportado por las empresas ha seguido una evolución similar. En 2025 alcanzó los 16.115 millones de euros, un 102 % más que en 2020, cuando se situó en 7.954 millones, y un 235 % más que en 2015, cuando ascendía a 4.805 millones.

A estas cantidades deben añadirse, además, los complementos salariales previstos en muchos convenios colectivos para garantizar que los trabajadores perciban el 100 % de su salario durante la baja.

En 2024, último año con datos comparables, España fue el país de la Unión Europea con mayor proporción de trabajadores de baja por incapacidad temporal: un 4,5 % de los ocupados, frente al 2,5 % de media comunitaria.

Además, según la OCDE, España ocupa el tercer lugar entre los 24 países analizados con más semanas de trabajo perdidas al año por bajas laborales.

Estos datos contradicen la explicación del Gobierno, que atribuye el aumento de las bajas al crecimiento del empleo.

Desde 2015, el número de ocupados ha aumentado en cerca de cinco millones, un 28 %, hasta alcanzar los 22,3 millones en el primer trimestre del año. Sin embargo, las bajas iniciadas y registradas por la Seguridad Social pasaron de 3,93 millones en 2015 a 9,16 millones en 2025, un incremento del 133 %, casi cinco veces superior al crecimiento del empleo.

A este fuerte aumento del número de bajas se suma el crecimiento de los procesos de larga duración. Según AMAT, la duración media fue de 43 días en 2025, por debajo de los 53,7 días de 2020 y muy similar a los 42,3 días de 2015. Sin embargo, las bajas de más de un año pasaron de 35.000 en 2019 a 155.203 en 2025, un incremento del 343 % en solo seis años, lo que supone multiplicar por más de cuatro la cifra anterior a la pandemia.

Este fuerte aumento de las bajas de larga duración confirma que no estamos ante una evolución coyuntural, sino ante un problema estructural que exige una respuesta coordinada. En esta línea, el Banco de España coincide con el diagnóstico de Fedeto y considera necesario adoptar medidas para contener el crecimiento de la incapacidad temporal. El propio gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha reclamado una “reflexión” sobre el funcionamiento del sistema y ha advertido de la “falta de coordinación” entre las administraciones, cuyas competencias, según señaló, “no están bien delimitadas”.

También ha reconocido que el absentismo y las bajas de larga duración han aumentado con especial intensidad desde la pandemia y que el gasto de la Seguridad Social ha alcanzado un nivel “sin parangón” en la Unión Europea.

Las conclusiones de Fedeto y del Banco de España se ven reforzadas por los datos de la AIReF, que muestran una creciente concentración de las bajas en un grupo reducido de trabajadores. En 2024, el 25 % de las personas acumuló el 55 % de los procesos, frente al 51 % en 2017. Además, el 50 % concentró el 77 % de los episodios de incapacidad temporal, cuatro puntos más que en 2017.

En definitiva, Fedeto, el Banco de España y la AIReF coinciden en que una parte reducida de la población hace un uso especialmente intensivo del sistema.

Este uso intensivo del sistema por parte de un grupo reducido no puede justificarse simplemente afirmando, como hacen los sindicatos, que todas las bajas son legales porque las expide un médico. Que una baja sea expedida por un médico no significa que todos los procesos estén plenamente justificados. En muchas dolencias, el diagnóstico depende en gran medida de los síntomas que refiere el paciente y no siempre existen pruebas objetivas inmediatas. Fedeto no responsabiliza a los facultativos, que actúan con la información disponible y deben proteger la salud del trabajador. El problema está en un sistema que necesita más seguimiento, coordinación y control para detectar posibles abusos.

Precisamente por eso, resulta significativo que muchas críticas se centren en la forma de expresar el problema y no en rebatir los datos oficiales. Esos datos confirman que el crecimiento de la incapacidad temporal se ha convertido en un problema económico, laboral y social de enorme magnitud y que no existe una voluntad suficiente para afrontarlo con la firmeza necesaria.

Más preocupante aún es que quienes reclaman medidas sean desacreditados o atacados públicamente, en lugar de abrir un debate serio sobre las causas, las responsabilidades y las soluciones.

Fedeto no va a dejar de denunciar una realidad que los propios datos oficiales confirman y que constituye uno de los principales problemas para las empresas españolas.

Defender la baja médica significa proteger a quienes realmente la necesitan, mejorar la gestión del sistema y actuar contra el fraude.

Negar el problema, silenciar a quien lo denuncia o reducir el debate a una cuestión de formas no ayuda a resolverlo.

La permisividad ante el fraude no protege a los trabajadores ni a los enfermos, solo les perjudica.

Defender la baja médica exige perseguir el fraude, si no el abuso de algunos debilita los derechos de todos.