Para Fedeto el auto responde al sentido común y coincide con los postulados que, desde las organizaciones empresariales, se han venido manteniendo desde el inicio del estado de alarma, respecto de la hostelería y de otros sectores empresariales.

El auto aborda el problema que generan las restricciones sanitarias, considerando que debe haber un equilibrio entre la discrecionalidad de las autoridades al adoptarlas y el principio de precaución que deben tener a la hora de imponerlas. Para FEDETO es un claro aviso, para las autoridades sanitarias, de que no todo vale.

El auto considera que la apertura de la hostelería no es, en este momento, un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública y recalca que, para una parte importante de los epidemiólogos, el 80% de los contagios procede de los encuentros familiares y de amigos en la esfera privada al margen de la hostelería. Esto es tanto como afirmar que los particulares generan el problema y los empresarios sufren las consecuencias.

El auto coincide con los postulados sostenidos por FEDETO conforme a los que los empresarios están siendo el chivo expiatorio de la pandemia porque es fácil controlar si cumplen o no con las restricciones mientras que los particulares mantienen impunemente encuentros familiares o con amigos y son los verdaderos responsables de los contagios.

Por primera vez en España, un auto determina que se deben ponderar las medidas sanitarias restrictivas con el derecho de los hosteleros (algo que puede extenderse a todos los sectores empresariales) que ven peligrar sus negocios por las medidas que se les imponen mientras que no resulta clara la influencia de la apertura de los locales con alto nivel de incidencia del virus tras la celebración de la Navidad. Esto es tanto como decir que se han restringido actividades sin ser necesario y pone en evidencia que no se está actuando contra los verdaderos culpables de la extensión de los contagios: los particulares que actúan impunemente.

Para FEDETO las autoridades sanitarias deben adoptar medidas, pero al haber 17 comunidades autónomas, cada una implantando las suyas propias, las restricciones no son unitarias para todo el Estado ni se basan en los mismos estudios o criterios sobre la incidencia de la hostelería o de cualquier otro sector sobre la pandemia. Por lo tanto, las medidas que se adoptan no son equilibradas.  

Tras esta decisión judicial, toda autoridad sanitaria deberá acreditar que ha adoptado sus medidas restrictivas sobre las empresas en base a la existencia de informes científicos solventes, en los que se determine con claridad, precisión y objetividad el impacto de esas restricciones con la propagación de la pandemia. En caso contrario el volumen de reclamaciones patrimoniales contra las autoridades que adoptaron esas decisiones puede ser incalculable.

Es de esperar nuevos pronunciamientos judiciales que aborden las restricciones sanitarias que se imponen a los sectores empresariales, desde la perspectiva de excepciones que nadie entiende en estos momentos. Tal es el caso de autorizar las votaciones en Cataluña, mientras sobre los sectores empresariales de esa comunidad autónoma y del resto de España pesan aún medidas de cierre, limitaciones de aforo o de espacios de atención al público.