Para Fedeto, esta medida va a provocar el cierre de empresas y el incremento del paro.
El gobierno de España se ha instalado en el terreno de lo que sería deseable hacer y se ha apartado completamente de la realidad que viven las empresas dentro del marco que la actual Depresión Económica española.
La hoja de ruta del gobierno en relación a los ERTES no ha sido clara y ahora, pretende forzar a las empresas a la reincorporación de los trabajadores en situación de ERTE.
El mismo gobierno que ha establecido rigurosas medidas de desescalada socio-sanitaria, no tiene la misma sensibilidad para establecer una desescalada laboral gradual y coherente con la situación económica actual.
No tiene en cuenta si esa reincorporación forzosa es posible en las actuales circunstancias de Depresión Económica de España.
Si esta decisión se adoptara, el efecto inmediato es que pymes y autónomos, que hasta ahora no pagaban las cuotas patronales de los trabajadores en situación de ERTE, tendrán que pagar en, el mes de julio, el 65% de esa cuota, el 75% en agosto y el 85% en septiembre. Para las empresas de más de 50 trabajadores esos porcentajes se reducen prácticamente a la mitad. Además, la fecha límite de vigencia de dichos ERTES sería el 30 de septiembre y no el 31 de diciembre como están demandando pymes y autónomos.
De esta forma, el gobierno desatiende, una vez más, las peticiones empresariales.
El gobierno no entiende que las empresas están deseando reincorporar a sus trabajadores, pero que sólo podrán hacerlo cuando la situación económica se lo permita. No se trata de una cuestión de buena voluntad, sino de capacidad económica.
No se ha escuchado a los empresarios y se les vuelve a dejar en el olvido al querer imponerles una medida que responde a unos deseos que tienen más de mediáticos que de realistas. Y esa capacidad, ahora, es prácticamente nula en muchos sectores empresariales, porque la situación económica de las empresas es agónica.
la fecha límite de vigencia de dichos ERTES sería el 30 de septiembre y no el 31 de diciembre como están demandando pymes y autónomos
Los inevitables perjuicios de esta forma de regular, basada en los deseos y no en la realidad empresarial, determina la ruina de miles de pymes y autónomos y es la antesala de la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo.
El gobierno sigue sin entender que la grave situación económica derivada de la pandemia se va a prologar, por lo menos, hasta el final del año 2020 y que para algunos sectores empresariales se prolongará, inevitablemente, hasta la primera mitad del año 2021. Y esto, en el mejor de los casos.
Se quiere imponer esta medida a las empresas sin tener en cuenta que la Depresión Económica en la que se ha introducido España implica una reducción de nuestro PIB de entre un 15 y un 20%. En una situación así, es evidente que España está en una situación de improductividad y las únicas medidas racionales posibles han de pasar, inexcusablemente, por los incentivos fiscales que estimulen la inversión empresarial y de incentivos para la creación de empleo.
Si se establecen nuevos tributos y la reincorporación forzosa de plantillas, cuando esto todavía no es posible, el resultado será la ruina de España.