29 abril 2021

Bajo el falso pretexto de que será un colectivo beneficiado, el Ministerio de Seguridad Social pretende obligarle a cotizar por sus ingresos reales lo que incrementará exponencialmente sus costes.

Si la finalidad de esta propuesta no fuera subir las cotizaciones, sino bajarlas el Ministerio plantearía la reforma con efectos inmediatos y no la retrasaría hasta 2023 y con un periodo transitorio de 10 años.

El eslabón más débil de la cadena empresarial será uno de los que proporcionalmente tendrá un mayor incremento de la cotización a la Seguridad Social en los próximos años.

Desde hace varios años se viene intentando subir la cotización a los autónomos. De hecho, se ha incrementado de forma paulatina, pero hasta ahora no se había pretendido materializar una subida tan desproporcionada. La excusa es la de siempre: beneficiar al colectivo. Sin embargo, el resultado que se consigue es castigarlo una vez más.

La propuesta del Ministerio de Seguridad Social es:
1) Que las cotizaciones de los autónomos se calculen en base a sus ingresos reales. Para ello se dividirán las bases de cotización en diversos tramos que no se han especificado todavía.
2) Además, se elimina el derecho del autónomo a elegir su base de cotización. Dicha base será determinada mensualmente en función de sus ingresos reales, pero lo que pagará anualmente a la Seguridad Social será objeto de regulación al final del ejercicio, en virtud de su declaración de IRPF, de modo que, si ha ingresado más de lo previsto en el tramo asignado y por tanto a cotizado menos de lo que le exija la Seguridad Social, al final del ejercicio deberá regularizar su situación pagando lo que haya cotizado de menos. En definitiva, se pretende crear un nuevo modelo de cotización basado en el IRPF y con un sistema de compensación similar.

De este modo el autónomo no va a saber lo que tiene que cotizar y va a ser tratado como un trabajador del régimen general, pero sin tener derechos siquiera parecidos.

No se entiende ni se puede compartir que a los autónomos se les suban las cotizaciones de forma tan importante y, menos aún, dejando en el terreno de la incertidumbre la cuantía real que va a cotizar.

El temor de muchos autónomos es doble ya que, por un lado, temen no poder soportar esta nueva subida de sus cotizaciones sociales y, por otro, sospechan que detrás de esta nueva propuesta del gobierno esté el objetivo de eliminar la tributación por módulos.

La consecuencia de todo esto es que el eslabón más débil de la cadena empresarial (los autónomos) van a sufrir un incremento brutal de sus cotizaciones, no va a mejorar en sus derechos y, además, hasta que no declare por IRPF no va a saber exactamente lo que va a cotizar anualmente.

No se puede cargar a los autónomos ni con más cotizaciones ni con más impuestos. Si se hace muchos de ellos pueden desaparecer y se cercenarán las posibilidades de que surjan nuevos emprendedores.

El colectivo de autónomos tiene muchas ventajas para la economía española. Una de ellas es que constituyen un eslabón esencial de nuestro modelo económico. A menos tamaño de empresa mayor es su especialización. Otra ventaja es que muchos trabajadores del Régimen General apuestan por ser autónomos para emprender y crear su propio negocio, de modo que el tejido empresarial crece y con él la economía española. Además, los autónomos, una vez consolidado su modelo de negocio, pueden optar por continuar ejerciendo su actividad de forma personal o constituirse en sociedad. En ambos casos suele generar empleo, contribuyendo a descongestionar las listas del paro.

La propuesta del Ministerio de Seguridad Social no tiene sentido y es absolutamente antieconómica. Afectará a los autónomos que ejercen su actividad de forma personal y también a los autónomos que la ejercen en una sociedad. En ambos casos la medida es desproporcionada.

El problema de la Seguridad Social es que España no es capaz de pagar las pensiones y en vez de adoptar medidas que contribuyan a incorporar nuevos cotizantes, creando un marco adecuado para la creación y desarrollo de las actividades económicas y un mercado laboral flexible que fomente la contratación, hace justo lo contrario, establece constantes obligaciones que asfixian a pymes y autónomos y limita su capacidad para contratar trabajadores, cargándolas cada vez más con nuevos incrementos de impuestos y cotizaciones vinculados a la actividad económica y al empleo.

En vez de plantear reformas de este tipo, que sólo tienen por objeto equilibrar el déficit de la Seguridad Social por la vía de generar nuevos ingresos a costa del mismo número de pymes y autónomos existente en cada momento, España debería fomentar la creación de empresas y empleo. Para ello el único camino es hacer posible que las empresas tengan un marco regulatorio de su actividad y un mercado laboral flexibles, adaptados a Europa y a las demandas del siglo XXI, que permitieran el nacimiento de nuevas pymes y autónomos y que éstos pudieran contratar. Si lo que se hace es lo contrario, el efecto provocará más paro, más economía sumergida y menos pymes y autónomos.

No se entiende que cuando otros países de nuestro entorno están bajando los impuestos en España se proyecte subirlos.