La huelga general del 11 de noviembre tiene un marcado carácter político y es más una huelga electoral que una huelga general
9 de noviembre 2026
España acumula un déficit estimado de 750.000 viviendas que se ha generado entre 2021 y 2025, porque el aumento de la población y la concentración del empleo en determinadas ciudades ha incrementado una demanda que no ha podido ser absorbida por un incremento proporcional de la oferta de vivienda. Además, según los datos de la OCDE, el parque español de alquiler social es del 1,2 % del total residencial, frente a una media europea próxima al 7,8 %.
Lo que debemos preguntarnos es por qué la oferta de vivienda no ha crecido al ritmo de la demanda, provocando que los precios se alejen cada vez más del poder adquisitivo de las familias. Y la respuesta es que España padece una política de vivienda absurda y completamente ineficiente, acompañada de un sistema urbanístico extraordinariamente complejo.
Por tanto, antes de debatir si los salarios son la solución del problema, el Ejecutivo y los sindicatos deben reconocer que la crisis de vivienda se produce por la irresponsabilidad del Gobierno al fomentar y promover la inseguridad jurídica sobre el mercado inmobiliario y por su incapacidad para crear una política de vivienda que elimine los obstáculos legales y burocráticos que impiden construir más viviendas, hacerlo con mayor rapidez y a un menor coste.
La ausencia de una política de vivienda eficaz durante años ha contribuido al encarecimiento del mercado inmobiliario y a la aparición de situaciones sociales cada vez más difíciles de sostener. Sin embargo, en lugar de abordar con rigor las causas estructurales que han provocado esta situación, se pretende ahora hacer frente a sus consecuencias mediante medidas presentadas como políticas sociales que, lejos de resolver el problema, se limitan a paliar sus efectos y a convertir en derechos situaciones excepcionales cuya prolongación se ha permitido durante años. De este modo, se corre el riesgo de consolidar, mediante nuevas normas, los mismos desequilibrios que la falta de una política de vivienda eficaz ha contribuido a generar.
Los procedimientos de planeamiento, gestión del suelo y concesión de licencias se prolongan durante años. Esta situación impide que el suelo esté disponible cuando se necesita, paraliza inversiones y obliga a los promotores a soportar importantes costes financieros que terminan encareciendo el precio final de las viviendas.
Proponer la intervención de los precios del alquiler genera aún mayor incertidumbre en el mercado. Si esta medida llegara a aplicarse sin aumentar la oferta de vivienda, el problema se agravaría, ya que provocaría un nuevo incremento de la demanda mientras la oferta permanecería estancada o se reduciría si los propietarios decidieran retirar sus viviendas del mercado residencial.
Promover una política de vivienda que eleve la ocupación ilegal y el impago de rentas a la categoría de derechos sociales, despojando a la primera de su condición natural de delito y al segundo de su consideración como incumplimiento de las obligaciones contractuales, lleva a los propietarios a percibir el alquiler residencial como una actividad de riesgo y a buscar alternativas que les ofrezcan mayor seguridad.
Proponer que la protección social de los inquilinos vulnerables se convierta en una responsabilidad del pequeño propietario supone trasladarle unas obligaciones económicas y sociales que corresponden a los poderes públicos. Esta protección debe garantizarse mediante políticas públicas eficaces, recursos presupuestarios suficientes y mecanismos de asistencia adecuados, financiados y gestionados por las administraciones públicas.
Presentar las viviendas vacías como la causa de la crisis residencial constituye un argumento falaz y populista que pretende simplificar un problema mucho más complejo. No todas estas viviendas se encuentran en las ciudades o zonas donde se concentra la mayor demanda. Muchas están situadas en municipios que sufren una pérdida de población, otras requieren importantes obras de rehabilitación y otras presentan circunstancias jurídicas o materiales que dificultan su incorporación inmediata al mercado residencial.
Durante años se ha extendido un discurso político falaz que responsabiliza al propietario, al promotor y al inversor inmobiliario del encarecimiento de la vivienda. Este discurso resulta profundamente contradictorio, pues no se puede sostener que es necesario aumentar la oferta de vivienda residencial y, al mismo tiempo, señalar como culpables del problema a quienes invierten sus recursos en construirla y mantenerla.
La elevada fiscalidad de la vivienda puede representar entre el 20 % y el 25 % de su precio final. A esta carga inicial se suman los impuestos que gravan su propiedad, transmisión, sucesión y donación, convirtiendo su tributación en un sistema de carácter confiscatorio.
La falta de una política de vivienda eficaz y de una regulación oportuna de las viviendas de uso turístico ha contribuido a reducir la oferta residencial en determinadas zonas. La libertad de mercado no debe confundirse con la ausencia de regulación. Durante años, se ha permitido el desarrollo de la actividad turística sin establecer reglas que garanticen un equilibrio entre la libertad de iniciativa empresarial y las necesidades residenciales de la población.
La propiedad privada forma parte de la arquitectura de una sociedad libre. No es un privilegio concedido por el Estado ni un permiso provisional cuyo contenido pueda modificarse según las necesidades o conveniencias político-electorales de cada momento. La propiedad privada puede regularse, debe cumplir una función social y está sujeta a las obligaciones que establece la ley. Pero esa regulación no puede llegar al extremo de vaciarla de contenido, convirtiendo al propietario en alguien que conserva formalmente la titularidad de un bien, pero pierde la capacidad de decidir sobre lo que es suyo. Cuando los poderes públicos disponen arbitrariamente de la propiedad de los ciudadanos para satisfacer sus intereses político-electorales, lo que está en juego ya no es solo el derecho de propiedad, sino la propia libertad y la democracia.
En definitiva, no puede sostenerse que el problema de acceso a la vivienda se deba a que todos los salarios sean bajos. Si lo salarios son, los sindicatos son directamente responsables de esa situación, puesto que participan en la negociación colectiva en la que se determinan las condiciones salariales.
En cualquier caso, no puede pretenderse que la negociación colectiva sustituya a una política de vivienda ineficaz. De poco sirve aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores si los poderes públicos siguen impidiendo que la oferta de viviendas disponibles para comprar o alquilar crezca al ritmo de la demanda. Imaginemos que mañana todos los trabajadores españoles reciben una subida salarial del 10 %. Más personas formarían parte de la demanda, pero si la oferta no aumenta en la misma proporción, esa mayor capacidad de compra presionaría los precios al alza, de modo que la mejora salarial sería absorbida por el encarecimiento de la vivienda.
Y si el problema es salarial ¿Por qué el Gobierno no ha deflactado de forma general la tarifa del IRPF para compensar la inflación o por qué no ha reducido los impuestos especiales sobre los carburantes, sobre los que, además, se aplica el IVA del 21 %?
No se puede responsabilizar a los empresarios de la inflación ignorando que no son ellos quienes deciden el precio internacional de la energía, los combustibles y las materias primas, ni los tipos de interés, las cotizaciones sociales o los impuestos que deben pagar. Sin embargo, todos estos factores incrementan sus costes de producción y distribución y condicionan los precios de los bienes y servicios que ofrecen en el mercado.
No se puede demonizar al empresario por aspirar legítimamente a obtener beneficios. Las empresas no son ONG. El beneficio empresarial no es un privilegio, es la legítima retribución de quien compromete su patrimonio, invierte capital, organiza recursos, contrata trabajadores y asume la incertidumbre de una actividad económica cuyo resultado nadie le garantiza. Sin una expectativa razonable de rentabilidad, desaparecen los incentivos para invertir, emprender nuevos proyectos, innovar y generar empleo.
Las empresas ya contribuyen al sostenimiento del estado del bienestar mediante los impuestos y las cotizaciones sociales que satisfacen. Es precisamente la actividad económica la que genera una parte fundamental de los recursos con los que los poderes públicos financian la protección social, los servicios públicos y las políticas de redistribución. No corresponde al empresario sustituir al Estado ni asumir individualmente responsabilidades sociales que deben financiarse con recursos públicos.
Por todo ello, la huelga del 11 de noviembre tiene un marcado carácter político y es más una huelga electoral que una huelga general. Desde FEDETO respetamos plenamente el derecho constitucional de huelga, pero rechazamos que una crisis estructural de vivienda se transforme artificialmente en un conflicto entre trabajadores y empresarios. La convocatoria incorpora reivindicaciones cuya solución es una adecuada política de vivienda cuya conformación no depende de los empresarios, sino del Gobierno.