15 de julio 2025

Desde FEDETO queremos manifestar nuestra profunda preocupación ante la posibilidad de establecer un régimen de financiación singular para la comunidad autónoma de Cataluña al margen del modelo común vigente.

Esta propuesta, que algunos sectores políticos han calificado ya como un «concierto económico encubierto», representa un serio riesgo para la cohesión territorial, la equidad fiscal y la competitividad interregional.

Implantar un sistema de financiación singular para una sola comunidad autónoma no solo quebranta el principio de igualdad, sino que provocará un desajuste fiscal con graves repercusiones para el resto del país.

En términos económicos, esta medida podría derivar en una pérdida progresiva de recursos para comunidades como Castilla-La Mancha, dificultando la inversión empresarial, limitando la creación de empleo y debilitando los servicios públicos esenciales.

Los empresarios de provincias como la de Toledo, estarían en clara desventaja competitiva frente a regiones con condiciones fiscales más favorables. A su vez, los trabajadores y pensionistas podrían ver cómo se reduce la financiación de prestaciones sociales básicas (sanidad, educación, pensiones), como consecuencia de un reparto desigual de los fondos del Estado.

Este modelo, lejos de solucionar desequilibrios históricos, amenaza con profundizarlos, generando una economía dual y fracturada.

Fedeto defiende un marco fiscal que garantice igualdad de oportunidades, neutralidad fiscal y certidumbre jurídica para todas las empresas, independientemente de su ubicación como única vía para garantizar la solidaridad interterritorial.

Otorgar a una comunidad un marco financiero a medida, no solo vulnera los principios constitucionales de equidad y solidaridad, sino que también genera desequilibrios territoriales difíciles de justificar, fomentando una división entre regiones con distintas velocidades de desarrollo.

Instamos a los responsables políticos a actuar con responsabilidad institucional, defendiendo un modelo de financiación justo, transparente y solidario, que no premie posiciones maximalistas ni privilegios negociados al margen del interés general.

Consideramos que el debate sobre la financiación autonómica no puede abordarse de forma parcial, ni mediante acuerdos bilaterales que desvirtúan el sistema común.

Todas las comunidades presentan singularidades, pero estas deben ser tratadas con transparencia y en espacios multilaterales, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se garantice la igualdad de trato y se eviten privilegios injustificados.

Resulta inaceptable que se plantee una reforma financiera de carácter exclusivo para una sola comunidad, desligada del interés general. Esta estrategia no solo rompe el equilibrio territorial, sino que responde a una lógica presión política que condiciona la estabilidad institucional del país. En la práctica, supone otorgar a una región la capacidad de controlar una parte desproporcionada de los recursos públicos, en perjuicio del resto.

Reafirmamos, por tanto, nuestro compromiso con una financiación justa, solidaria y constitucional, que no se construya sobre desequilibrios ni sobre cesiones políticas particulares, sino sobre los principios de equidad, corresponsabilidad y unidad de mercado.